La crisis económica ha puesto en la picota la organización territorial de los países mediterráneos. Portugal prescinde de los seculares gobiernos civiles. Los sucesivos gobiernos de Italia pretenden reducir o suprimir las provincias. El nuevo primer ministro de Francia propugna la supresión de los consejos departamentales y la reducción de las regiones a la mitad.
¿Y en España…? El Gobierno del PP se orienta en la dirección contraria. La reforma de la legislación local (LRSAL) traslada competencias de los municipios a las diputaciones. El anteproyecto de ley del poder judicial prevé la concentración de instancias judiciales en las capitales de provincia.
El permanente debate sobre la organización del Estado es ahora más vivo a causa del proceso soberanista en Catalunya. Por otro lado, los medios de comunicación conservadores han repetido hasta la saciedad que 17 CC.AA. son un dispendio insostenible que genera una excesiva complejidad y desigualdad jurídica. Aceptémoslo: buena parte del Estado reniega de la estructura autonómica y no se opone a la recentralización de competencias. Frente a esta realidad, remar en pos de un federalismo simétrico es avanzar hacia la cascada. El Gobierno, lejos de abordar de frente la reforma de la estructura territorial, actúa indirectamente, mediante una desvergonzada recentralización a todos los niveles que persigue desdibujar la capacidad de autogobierno de las CC.AA.
En un contexto de racionalización de la administración local y de optimización (no simplemente recorte) del gasto público, la cuestión provincial debe abordarse desde otra perspectiva: la compatibilidad de provincias y CC.AA. ¿Es necesario y eficiente mantener un escalón de gobierno provincial? Podría ser substituido por una administración autonómica más ligera, de ámbito comarcal, metropolitano… Una hipotética reforma constitucional permitiría tal vez repensar a un tiempo el mapa provincial y el autonómico. Tener provincias o CC.AA.: no ambas estructuras a la vez.
Creemos que la solución no pasa ni por servir achicoria ni por aumentar la pureza del café para todos, sino por diversificar la carta.
En primer lugar, la actual disposición adicional 1ª (“La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”) debe ser también aplicable a Cataluña (tesis de Herrero de Miñón). Cataluña es excepción, y solo como territorio foral será viable su permanencia en España. En cambio, otras comunidades deberían asumir el rol de diputaciones y devolver competencias al Estado. La recuperación de tales funciones por parte de Madrid daría sentido a la irreductible estructura ministerial. Madrid es el polo urbano que organiza el espacio territorial de la gran Castilla (la concepción radial de las grandes infraestructuras de comunicación refuerza esta situación), es lógico que ese vasto territorio tenga unos instrumentos de gestión y gobierno homogéneos, diferentes de la periferia.
Se dibujaría así una España plural con tres regímenes: foral, autónomo (el vigente, en las comunidades insulares, con lengua propia o que accedieron a la autonomía mediante referéndum) y provincial, este último en:
- las restantes comunidades uniprovinciales,
- las 14 provincias de Castilla-La Mancha y Castilla y León, las cuales podrían constituir sendas mancomunidades sin parlamento ni capacidad legislativa,
- Aragón y Extremadura, cuya dimensión y estructura urbana aconseja la unificación de sus provincias en una sola.
Bajo este esquema, la reducción de administraciones locales y autonómicas se concretaría en una reducción del número de CC.AA. (de 17 a 8) y de diputaciones de régimen común (38 a 21).
En síntesis, se dibujaría un Estado autonómico asimétrico, no federal, donde también el Senado es prescindible. Nos parece obvio que esta reforma implicaría una sustanciosa reducción del gasto público burocrático. Y no obstante, tiene la virtud de preservar la imagen autonómica vigente: las 17 comunidades conservan, de un modo u otro, su identidad diferenciada. El mapa mantiene sus grandes rasgos; cambian los contenidos. Ningún ciudadano deja de elegir sus representantes políticos en un ente de gobierno territorial, dotado de mayor o menor autonomía. Pueden conservarse las 17 banderas.
Encastillarse en una Constitución interpretada en un sentido altamente restrictivo no conduce más que a la exclusión y la disolución. Debemos recomenzar el pacto territorial. El mapa de gobiernos territoriales debe responder de forma asimétrica a la profunda diversidad de sentimientos y voluntades de autogobierno.
Para mayor información:
BURGUEÑO, Jesús: I progetti sulla riforma dell’amministrazione provinciale in Spagna: antecedenti, proposte e prospettive per il futuro. Quaderni di Tria. Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente. Rivista internazionale di cultura urbanística. Napoli. Nº 4 (113–125), 2013. Versión original en castellano: http://www.geosoc.udl.cat/professorat/burgue/Provincies.pdf
Jesús Burgueño es profesor de Geografía en la Universitat de Lleida
Ficha bibliográfica:
BURGUEÑO, Jesús. España: descomposición o reorganización territorial constitucional. GeocritiQ. 25 de junio de 2014, nº 62. [ISSN: 2385–5096]. <http://www.geocritiq.com/2014/06/espana-descomposicion-o-reorganizacion-territorial-constitucional/>

En Madrid también teníamos fuero, y tampoco nos encanta contribuir al bien común. ¿Por qué discriminar entre unos antisociales y otros?
Al CIS (Barómetro autonómico 2012) me remito:
Le gustaría que el grado de autonomía de su CCAA fuera…
En Madrid:
a) mayor, 12,7%
b) igual, 34,6%
c) menor, 40,9%
En Catalunya:
a) mayor, 68,6 %
b) igual, 19,1%
c) menor, 8,1 %
Me gustaría proponer una nueva organización:
Estados Federales: Galicia, País Vasco y Cataluña. Tendrían una gran capacidad de autogobierno y se les deja la puerta abierta a contribuir o no a las arcas públicas del Estado. Si se rechazase participar, deberían abonar un porcentaje por el hecho de permanecer en España y todo lo que ello conlleva. También sería posible que Andalucía optase por este modelo. Se cambiaría el nombre a de Comunidad Foral de Navarra a Estado Foral de Navarro, teniendo las mismas competencias que el modelo federal. Además, se reconocerían las nacionalidades históricas como nacionalidades pues, guste o no, Cataluña, País Vasco y Galicia son países o naciones (tienen su cultura, lengua, tradición, forma, territorio… propios)
Provincias: Asturias, Castilla, León (León , Zamora y Salamanca), Extremadura (posbile unión con Castilla), Aragón, Provincia Valenciana, Provincia Balear, Provincia Canaria, Ciudad Provincial de Ceuta y de Melilla. Castilla se vería comprendida por las actuales provincias de Castilla y León (exceptuando las leonesas), Madrid, Cantabria, La Rioja, las actuales provincias de Castilla-La Mancha y Murcia, siendo su capital Madrid, Valladolid o Toledo. Las provincias tendrían una menor capacidad de autogobierno (exceptuando la canaria, posiblemente), debiendo acatar la gran parte de las medidas del gobierno del Estado.
Desde mi punto de vista, veo aquí un sistema que contentaría a muchos gallegos, catalanes y vascos y, siendo sincero, no creo que a las provincias les importe serlo, pues opino que si se formaron 17 autonomías fue por capricho. La reestructuración territorial sería una buena forma para iniciar un proceso de mejora de España.
p.d: puede que me haya olvidado de nombrar algo, pero creo que es todo.